Nos indica el profesor Arocena que la practica de la prueba es una garantía contra la decisión puramente arbitraria, gratuita, pero que las pruebas no deciden por si mismas, sino que han de pasar por el tamiz de su valoración por el juez. Las pruebas prueban lo que el juez dice que prueban. De la misma manera, podríamos añadir nosotros que las normas jurídicas que vienen al caso vinculan al juez para que este no decida arbitrariamente, como se le antoje y haciendo de su capa un sayo. La arbitrariedad perfecta seria la del juez decidiendo sin atender a pruebas que le impidan sentenciar sobre lo que a el le gustaría o le interesaría que hubiera pasado, en vez de sobre lo que en realidad (probablemente) paso, y sin atenerse tampoco a normas que limiten su deseo de elevar a ley su personal voluntad. Y así como es el juez el que valora la prueba, es el juez quien interpreta la norma, y ni la prueba ni la norma limitan sin la mediación del juez y su correspondiente margen valorativo.